Informe elaborado por el Ministerio de Cultura
y Patrimonio Histórico Clasificado de Senegal para la Octava Reunión
Anual de Ministros de la Red Internacional de Políticas Culturales
celebrada en Dakar (Senegal)
del 20 al 23 de noviembre de 2005
Indice
I. Contexto
II. Protección y promoción de la diversidad
cultural en los países miembros de la RIPC
II.1. Las comunidades minoritarias
II.2. Salvaguardar las prácticas tradicionales
II.3. La participación cultural
III. Estrategias adoptadas para salvaguardar
el patrimonio cultural nacional: el
guardián institucional
III.1. Un entorno jurídico y económico
favorable creado por los Estados
III.2. Los mecanismos administrativos
III.3. El apoyo financiero
III.4. Las iniciativas públicas no estatales
III.5. Las acciones de salvaguardia
III.6. La preservación del patrimonio
III.8. La educación
IV. Impactos de las políticas culturales
IV.1. Impactos económicos
IV.2. Apertura internacional
V. Restricciones y limitaciones
V.1. Las situaciones desfavorables
V.2. Insuficiencia de medios técnicos
y financieros
V.3. Deterioro del entorno internacional
VI. Género y diversidad cultural
VI.1. Contexto de la integración de la
perspectiva de género en las políticas y prácticas culturales
VI. 2. Las disposiciones jurídicas internacionales
VI.3. Las disposiciones jurídicas nacionales
VI.4. Otras estrategias de integración
de la perspectiva de género en las prácticas culturales
VII. Límites de las políticas de integración
del género
VIII. Diversidad cultural, cohesión social
y desarrollo sostenible: algunas prácticas
y áreas de cooperación
VIII.1 Recomendaciones para
mejorar la situación de las mujeres y luchar contra la discriminación
basada en el sexo
VIII.2. Recomendaciones para
promover la diversidad cultural a fin de lograr la cohesión
social y el desarrollo sostenible
IX. Conclusión
X. Coordinación y preparado del estudio
La Red Internacional de Políticas Culturales (RIPC) decidió
que el tema de su VIII Reunión Anual de Ministros, prevista en Senegal
(Dakar), del 21 al 23 de noviembre de 2005, sería «Diversidad cultural,
cohesión social y desarrollo sostenible». Los Ministros consideraran,
en efecto, que seria importante entablar un debate sobre este tema
con respecto a los objetivos de fundación de la Red y su papel importante
promovedor para l’adopción de la Convención sobre la protección
y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la
UNESCO.
Esta problemática puede abordarse desde numerosas perspectivas.
La Sra. Katerina Stenou, Directora de la División de Políticas Culturales
y de Diálogo Intercultural de la UNESCO había propuesto al respecto
durante el taller preparatorio organizado en Dakar en febrero de
2005, una serie de preguntas pertinentes: «¿Cuáles son los materiales
indispensables para construir una cultura de la sostenibilidad?
La globalización, ¿incrementa o disminuye las posibilidades de realización
de la diversidad cultural y de su corolario, el diálogo de las civilizaciones?
¿Qué medidas concretas deberían adoptarse para garantizar una auténtica
diversidad cultural, evitando cualquier tipo de fundamentalismo
cultural, represión y homogeneización?».
Para intentar responder a esas preguntas que afectan a los principales
aspectos del tema, es esencial examinar el contexto de la globalización
en el que evolucionamos, medir sus limitaciones e identificar las
oportunidades que ofrece.
Gracias al extraordinario desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, el mundo se ha convertido,
como todos sabemos, en una aldea global, caracterizada principalmente
por la movilidad de las personas, productos, ideas e imágenes.
No obstante, la preservación de la pluralidad de las expresiones
culturales se ve en gran medida amenazada por los desequilibrios
existentes entre los medios de difusión de los diferentes modelos.
Esta situación favorece los productos culturales de los países ricos
y pone en peligro los puntos de referencia para la identidad de
las sociedades que se ven reducidas a desempeñar un mero papel de
consumidoras.
A pesar de ello, la globalización ofrece la oportunidad y la posibilidad
de difundir las culturas de forma equilibrada y entablar un diálogo
intercultural positivo. En efecto, gracias a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (NTIC), las fronteras desaparecen
y la noción de distancia se borra; todos los lugares del mundo están
conectados en tiempo real en un cibermundo. La apropiación de esas
tecnologías y la implicación en las redes económicas, comerciales,
culturales e intelectuales ofrecen a las sociedades actuales, en
particular las africanas, nuevas capacidades para reinventar sus
culturas y civilizaciones. Incrementan las posibilidades de salvaguardar,
conservar y valorizar patrimonios culturales materiales e inmateriales.
De ese modo, la comunidad internacional dispone de una base propicia
para compartir conocimientos y experiencias, y contribuir a la construcción
común del desarrollo sostenible en el mundo.
Hay que reconocer que Senegal se encuentra en una posición idónea
para explotar de forma óptima las posibilidades que ofrece la globalización.
Perteneciente a Senegambia, espacio histórico y sociológico milenario
constituido según el historiador Boubacar Barry, por «toda la fachada
atlántica que corresponde al sector del litoral africano verdaderamente
orientado hacia el oeste», está situado en una zona ecológica heterogénea
que va desde el desierto hasta el bosque y que ha sido lugar de
convergencias y mezclas entre pueblos diversos. Esta zona ha sido
escenario de movimientos y contactos de poblaciones, migraciones
y sedentarizaciones, construcciones y deconstrucciones políticas
(los imperios de Gana y Malí, y los distintos reinos sucesivos),
redes económicas, comerciantes y religiosas, sobre todo islámicas.
Los ríos Senegal y Gambia han determinado el marco espacial e histórico
de la evolución de las sociedades presentes. Sobre un fondo de civilización
común, en un mismo marco existencial, cada pueblo ha especificado
sus representaciones sociales y ha desarrollado una cultura original
propia: Sereer, Al pular, Soninké, Manding, Wolof, Jola, Balant,
Baynuk, Manjak, Bassari, Konagi, etc.
Así pues, la historia muestra que el poder tradicional de Senegambia,
cuyo funcionamiento y control servían de elemento aglutinante de
los distintos componentes de la sociedad, ha consagrado la diversidad
cultural de sus pueblos.
En realidad, tal como hacen constar todos los especialistas de
Senegambia, la violencia destructora fue un fenómeno externo que
tenía que ver, en un primer momento, con la trata de esclavos en
el Atlántico y, posteriormente, con la explotación colonial. Debido
a su envergadura, el comercio de esclavos de los siglos XVI a XIX
acabó trastocando todo el sistema social de las comunidades y sumergiéndolas
en una crisis general, demográfica, económica, política e incluso
de identidad. No obstante, la destrucción organizada y metódica
del tejido social empezó realmente con el sistema de explotación
comercial. Mediante el régimen de los trabajos forzados y el indigenismo,
el Estado colonial organiza en la violencia la dislocación de los
modos domésticos de producción.
La escuela colonial, instaurada para formar una élite capaz
de ejercer como auxiliares en la administración, las empresas y
los distintos servicios, instituye la lengua extranjera del colonizador
como lengua de trabajo, despreciando de ese modo las lenguas africanas.
La escuela y la nueva administración dividen a la sociedad en «evolucionados»
e «indígenas». Las bases del sistema de educación tradicional abierto
a la vida se ven minadas; los modos de transmisión intelectual y
cultural entre generaciones, base de la continuidad de la sociedad,
son desmantelados y marginados en favor de un sistema productor
de categorías modernas, ricas y pobres, de clases sociales con intereses
opuestos.
Ésa es la razón por la que, tanto aquí como en otros lugares, la
construcción de la identidad se impone como único medio para la
emergencia de un armazón social coherente, que pueda facilitar la
acumulación y la innovación. En ese sentido, la cultura se perfila
como una dimensión fundamental del desarrollo sostenible. Una realidad
que Brasil ha comprendido a la perfección cuando constata que: «La
cultura es el escenario de transformación política más evidente
para la sociedad».
El análisis de las respuestas proporcionadas por los países miembros
de la RIPC al cuestionario sobre el tema de la VIII RAM deja entrever
una diversidad en la composición de los grupos sociolingüísticos,
salvo en Grecia, en los que se aprecia una homogeneidad lingüística
(una única lengua). En Estonia, se cuentan más de cien naciones,
mientras que Brasil posee más de 180 lenguas «indígenas» (habladas
por menos del 0,5 % de la población).
No obstante, para que el enfoque de políticas de promoción de la
diversidad cultural sea eficaz, el concepto más pertinente parece
ser el de «entorno cultural», utilizado por Suecia, y que «incluye,
en principio, el entorno global que el hombre ha creado con el paso
del tiempo. Lo comprende todo, ya se trate de sitios de asentamientos
de la edad de piedra, que se remontan a miles de millones de años
en la historia, o de barrios periféricos modernos (…) Incluye también
las tradiciones y los valores que adoptamos, consciente o inconscientemente,
de las generaciones precedentes. Es un patrimonio que incluye no
sólo objetos concretos, edificios y vestigios antiguos, sino también
mitos, costumbres y tradiciones inmateriales».
Las respuestas dadas por los Estados contienen, solapadamente,
una aceptación de esas normas. Los informes proporcionados por los
Estados dejan entrever también formas diversas de la organización
institucional responsable de la cultura y la diversidad cultural:
en Noruega existe un Ministerio de Cultura y Asuntos Eclesiásticos,
en Brasil un Ministerio de Patrimonio Inmaterial, en Burkina Faso
un Ministerio de Cultura, Artes y Turismo. Esta diversidad de denominaciones
refleja distintos modos de ocuparse de la cuestión central de la
diversidad cultural, cuya problemática se manifiesta a veces en
esas diferentes apelaciones.
Casi todas las respuestas ponen de relieve la existencia de minorías
en los márgenes de cada nación. En algunos casos y para algunos
Estados, se ha adoptado la noción de comunidad con relación a esos
grupos minoritarios. En Bélgica, las iniciativas culturales son
transferidas a dichas comunidades, permitiendo de ese modo a las
regiones y entidades federales ocuparse de las otras cuestiones.
En Noruega parece prevalecer el mismo principio de autonomización
de las decisiones comunitarias. El Parlamento lapón establece sus
propias prioridades y, en función de éstas, asigna los fondos a
las actividades que considera pertinentes. En ese país, así como
en casi todos los demás, se prefiere hablar de «minorías étnicas
y culturales». En Croacia, por ejemplo, esas minorías están repartidas
en 16 grupos sociales que representan 7,47 % de los habitantes,
y una «Oficina de las Comunidades y Minorías Étnicas» transfiere
a cada comunidad una ayuda del Estado.
En todos los casos, las acciones encaminadas a salvaguardar la
diversidad cultural y consolidar la cohesión social son competencia
del máximo dirigente de esos grupos sociales. Así, Brasil afirma
dar prioridad a «medidas dirigidas, entre otros, a la población
indígena, tradicional y afrobrasileña o los grupos de población
que históricamente han sido excluidos de las políticas públicas».
Algunos países adoptan un discurso y medidas específicas orientadas
a los alóctonos, los refugiados, los nómadas o los inmigrantes recién
llegados. En Flandes, por ejemplo, los relatos recogidos entre los
nuevos inmigrantes, así como la historia de su familia, son consignados
sistemáticamente. En Noruega, el objetivo de «Horizon/MELA», una
institución financiada por el gobierno, es «explorar nuevos métodos
de intercambio artístico y cultural entre Noruega y los países de
origen de las minorías étnicas». En Grecia, se ha adoptado en fecha
reciente un decreto que tiene por misión garantizar «la plena protección
y valorización del patrimonio cultural de todas las tradiciones,
griegas o no griegas, presentes en el territorio de Grecia». En
definitiva, se aprecia de forma evidente el interés por proteger
y valorizar el patrimonio de esas comunidades.
A diferencia notoria de Francia, que sólo reconoce las minorías
lingüísticas, va surgiendo cada vez más, en todos los países encuestados,
un reflejo común de preservación del patrimonio cultural y artístico
de las minorías étnicas. Incluso si, como dejan entrever algunas
respuestas, esta acción se limita a algunos países, todos desean
garantizar que se salvaguarden las prácticas tradicionales que,
como afirma Bélgica, «refuerzan la cohesión social, crean un vínculo
social y contribuyen a la notoriedad (orgullo de sus habitantes)».
El gran temor es, por lo tanto, ver desaparecer o empobrecerse
esas prácticas tradicionales con el paso de los años. En ese respecto,
se tienen especialmente en cuenta las lenguas minoritarias. La respuesta
de Francia menciona que «la encuesta sobre la familia asociada al
censo de población de marzo de 1999 incluía por primera vez un componente
lingüístico que permitió observar que las lenguas regionales apenas
se transmitían ya en el entorno familiar», mientras que 5,5 millones
de personas (de una población total de 61,4 millones de personas)
recibieron en su infancia una lengua regional, por lo general además
del francés.
Las respuestas al cuestionario revelan que el patrimonio lingüístico
es objeto de un censo de forma casi exhaustiva salvo en el caso
de Bélgica, donde «desde la eliminación del censo lingüístico (1962),
ya no puede saberse cuáles son las lenguas practicadas (…) ni su
número de hablantes», y el de Noruega, que no mantiene ninguna estadística
relativa a la filiación lingüística.
En las distintas estrategias para salvaguardar ese patrimonio lingüístico,
hay innumerables iniciativas que demuestran una evidente toma de
conciencia de la problemática política y social relacionada con
esa cuestión. Entre otras estrategias, en México, por ejemplo, el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) alienta a
los creadores a utilizar sus lenguas autóctonas en la literatura
y la música.
Los Estados convienen en poner en relación la elaboración de políticas
culturales con la preocupación constante de difundir las expresiones
culturales, y, ante todo, con relación a las poblaciones indígenas
desfavorecidas. Se trata de promover el principio de «participación
cultural» de conformidad con el artículo 27 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, que estipula el derecho de todas las personas
a participar en la vida cultural. Es el caso por ejemplo de «Giras
Arte y Vida» en Bélgica, cuya idea es «establecer un sistema de
apoyo a la difusión a fin de facilitar la circulación de las producciones
de calidad y ampliar el acceso gracias a una política tarifaria
democratizada». En un país como Croacia, un organismo denominado
«Club Cultura» agrupa más de cuarenta asociaciones y en dos años
ha organizado más de quinientas actividades en todo el país.
En definitiva, se trata de elementos de las políticas culturales
nacionales cuyos principios esenciales se resumen en la respuesta
de México: respetar la libertad de expresión y creación, afirmar
la diversidad cultural, garantizar la igualdad de acceso a los bienes
y servicios culturales, nacionalizar los bienes y servicios culturales,
y fomentar un desarrollo cultural equilibrado.
Como revela la respuesta francesa al cuestionario, «incumbe a los
Estados crear un entorno propicio a la creación y expresión de la
pluralidad de las culturas nacionales, tanto en lo concerniente
a la producción como a la difusión de los bienes y servicios culturales.
Otros han optado por dejar que sea el derecho consuetudinario el
que rija las relaciones entre los miembros de las comunidades protegidas.
Así, en México, «en varias regiones, los mecanismos de solución
de diferencias se rigen por lo que se denomina «el derecho indígena»
o por algunas leyes propias de los Estados, basadas en los usos
y costumbres de esos pueblos, como es el caso en los Estados de
Oaxaca, Quintana Roo y en la Sierra Norte de Puebla». Esta filosofía
de la justicia tradicional se apoya en el principio general siguiente:
«La noción de justicia se basa en parámetros culturales distintos
y se aplica habitualmente con la cooperación de la comunidad». Esta
actitud es acorde con el respeto de los fundamentos de las sociedades
humanas.
Así, de forma general, las respuestas de los Estados otorgan un
lugar importante al derecho positivo que ha previsto disposiciones
generales para poner de relieve la voluntad de liberar la expresión
de las culturas minoritarias. Esta preocupación está inscrita en
las leyes fundamentales de países como México, Noruega o Suecia.
Las disposiciones administrativas relativas al patrimonio inmaterial,
adoptadas en algunos países, distinguen entre los portadores del
patrimonio (los tesoros culturales vivos), las formas de expresión
popular (obras maestras del patrimonio oral e inmaterial) y los
espacios culturales (espacios físicos en los que se producen manifestaciones).
Ese patrimonio es objeto de un inventario descriptivo.
Para emprender de forma coherente y óptima el proyecto de defensa
de las culturas nacionales, es necesario, habida cuenta del carácter
transversal de la cultura, agrupar iniciativas dispersadas en varias
instituciones públicas. Esta forma de cooperación interministerial
se ha instaurado en Noruega en torno a la ley sobre la preservación
del patrimonio cultural nacional: el Ministerio de Cultura y Asuntos
Eclesiásticos de Noruega se encarga de administrar la parte de la
ley relativa a la importación y exportación ilegales de objetos
culturales, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente se encarga
de administrar todas las demás disposiciones de dicha ley. En África
del Sur, se reunieron en torno a la cuestión de los incentivos fiscales
el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Artes y
Cultura, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación,
así como la Oficina Nacional de Cinematografía y Vídeo, y otros
organismos.
La construcción del entorno cultural exige también, además de medidas
estrictamente jurídicas, otras obligaciones financieras. Los Estados
dan subvenciones y otras formas de apoyo financiero a la política
de defensa del patrimonio cultural nacional. Se puede señalar felizmente
casos significativos en los que los incentivos fiscales permiten
a las empresas privadas unirse a los esfuerzos de los Estados en
esos campos; se trata de ayudas públicas indirectas. Este tipo de
ayudas, denominadas «patrocinio» en Brasil, ofrecen ventajas fiscales
a las personas físicas o morales que apoyan proyectos culturales
mediante donaciones o actividades de patrocinio. En algunos casos,
los beneficios exonerados de las empresas se invierten para apoyar
las actividades culturales y artísticas. En Grecia, se vuelven a
invertir las exacciones fiscales en el apoyo a acciones culturales.
El Estado puede ayudar, en el marco de las estrategias nacionales
de defensa cultural, a establecer marcos y organismos encargados
de completar su acción. Es posible incluso que se confíe a esos
organismos la concepción de algunos aspectos de esa política cultural.
Por ejemplo, en Croacia existe el «Consejo Croata de los Bienes
Culturales», que no depende orgánicamente del ministerio pero que
examina cuestiones generales, incluidas, en ocasiones, cuestiones
controvertidas. Formula recomendaciones relativas a la declaración
de los bienes culturales, la conservación de esos bienes… En Brasil,
el programa «Cultura Viva/Puntos de Cultura» trabaja en colaboración
con el Ministerio de Comunicaciones, en una red de producción y
transmisión de bienes culturales: donativos de carpetas culturales
digitales, producción y difusión de contenidos culturales...
La sociedad civil también participa activamente en la defensa del
patrimonio cultural. En Noruega, por ejemplo, «desde los años 80
se han puesto en marcha varias iniciativas encaminadas a promover
la diversidad cultural y se han creado pequeñas instituciones, a
menudo a iniciativa de las distintas minorías».
En algunos casos, la solicitud de protección de un bien cultural
puede emanar de la población. Así, en Bélgica, quinientos firmantes
pueden presentar una solicitud de clasificación. Los marcos asociativos,
como por ejemplo la Coalición para la Diversidad Cultural, agrupan
a múltiples asociaciones, cincuenta en Francia, de diversas procedencias,
constituyéndose de ese modo en espacios privilegiados para el encuentro
e intercambio.
Para algunos bienes se prohíbe la salida definitiva del territorio.
En Croacia, esta disposición abarca tanto los bienes culturales
de propiedad pública como los de propiedad privada. Cabe señalar
que la noción de tesoro u obra maestra abarca aspectos del patrimonio
inmaterial como los carnavales u otras fiestas populares, los peregrinajes
o prácticas culturales, etc. En Noruega, una ley, del 18 de mayo
de 1990, reglamenta los nombres de lugares y los procedimientos
de atribución de nombres a los lugares geográficos, y controla la
ortografía de dichos nombres. Esta ley rige también la utilización
paralela de los nombres de lugares en lengua minoritaria lapona
y kven/finesa.
Las acciones para proteger y restaurar el patrimonio cultural ocupan
un lugar importante en las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Países como Francia han creado programas llamados
«Chantiers numériques» (zonas de construcción digitales),
que persiguen tres objetivos: la creación digital, el acceso a la
cultura y la digitalización del patrimonio. Brasil ha llevado la
iniciativa más lejos, creando redes digitales que tienen por finalidad
«ofrecer a las distintas comunidades que forman la sociedad brasileña
contenidos que les permitan tomar iniciativas y modificar la realidad
que los rodea».
Las NTIC son cada vez más insoslayables en lo que a la conservación
y digitalización se refiere, y permiten un acceso amplio a los recursos
del patrimonio. Las NTIC crean intercambios y un diálogo entre comunidades
de un mismo país, entre países y culturas diferentes, y generan
incluso nuevas formas de expresión artística del patrimonio.
III.7. La difusión de la acción cultural
Se trata de garantizar el acceso de todos a la memoria colectiva.
En los medios de comunicación se presta una atención particular
a la promoción de los eventos culturales, la comunicación y la información.
Así, se recomienda a las radios y otros soportes de información
que dediquen espacios importantes a la difusión cultural y fomenten
la integración de las minorías valorizando su patrimonio y su identidad.
Además de la representatividad de todos los constituyentes de la
población, Francia ha ampliado ese principio a los equipos de trabajo
en los medios de comunicación. Por otra parte, también en Francia,
en las misiones de servicio público se hace hincapié en promover
los valores de integración y, en una de sus cadenas de televisión,
France 5, se solicita de forma expresa que «se garanticen los intercambios
entre las distintas partes constituyentes de la población y se difundan
emisiones relativas a la inserción de los extranjeros».
Las otras cadenas públicas tienen misiones culturales que
han sido precisadas en las estipulaciones de sus respectivos pliegos
de condiciones. Croacia precisa que: «las distintas producciones
en el campo de las artes, las letras y las ciencias humanas, la
identidad y la historia culturales se difunden principalmente en
la primera cadena de televisión croata y en Radio Three». En México,
la estación de radio educativa Radio Educación, creada hace 35 años,
así como una cadena de televisión pública, Televisión 22, tienen
por misión promover la difusión cultural y el diálogo intercultural.
En Grecia, la cadena de radiodifusión pública ERT difunde regularmente
programas en las principales lenguas practicadas por las comunidades
de trabajadores inmigrantes.
Este importante componente se incluye dentro de una perspectiva
de educación sobre la cultura. En Bélgica se dedican 35 horas a
la educación en la diversidad cultural, y los profesores y una parte
del personal de los centros psico-médicosociales reciben una formación
«centrada en la cultura de los jóvenes de los distintos grupos sociales
y en cómo enfocar las diversidades culturales». Estas disposiciones
han sido ampliadas hasta el nivel de enseñanza superior por el decreto
del 31 de marzo de 2004, que estipula, entre otros objetivos, la
transmisión de las enseñanzas relativas al patrimonio cultural y
artístico, así como el fomento de la movilidad y las iniciativas
de colaboración intercomunitarias e internacionales. Los estudiantes
recogen historias orales en el marco de sus investigaciones. Esta
práctica adquirió importancia en Bélgica a partir de los años 60
y ya se pueden consultar en línea quince mil de esas historias.
Por otra parte, se ha dotado de nueva vitalidad a esas historias,
por ejemplo, mediante veladas de lectura.
En México se construye una experiencia original de educación intercultural
ampliada a los ciclos universitarios; por otra parte, se da prioridad
a la alfabetización en la lengua materna desde el jardín de infancia
hasta el final de la primaria. Se pueden observar las mismas disposiciones
en Grecia, en el marco de la «educación intercurricular» impartida
en escuelas interculturales y bajo la tutela del Ministerio de Educación
Nacional y Cuestiones Religiosas. Se consideran escuelas interculturales
aquellas en las que como mínimo un 45 % de los alumnos son griegos
repatriados o estudiantes extranjeros. En Estonia, los alumnos que
son miembros de las minorías del país pueden recibir en la escuela
dos cursos por semana en su propia lengua y cultura, además del
programa general.
La mayoría de las respuestas ponen de manifiesto la dificultad
de cuantificar esos impactos. La política cultural está vinculada
a la política económica, incluso si los efectos observados no se
han previsto al principio. Las repercusiones de una buena política
cultural pueden dejarse sentir a nivel de las industrias culturales.
Por ejemplo, en Francia, en 2002, «el volumen de negocios de los
productos y editores de las distintas industrias culturales, calculándose
su valor según el precio de venta al público, fue superior a los
30 000 millones de euros» y «el consumo en los hogares de los bienes
y servicios correspondientes rondó los 20 000 millones de euros».
En Noruega, las actividades de las industrias culturales representan
en torno al 3 % del PIB y dan trabajo al 3,9 % del total de la población
activa. En México, la proporción es más o menos similar (4 % de
la población activa), aunque la contribución de las industrias culturales
al PIB alcanza el 6,7 %.
A menudo, los beneficiarios de los incentivos fiscales tienen la
obligación de gastar una gran parte de los importes recibidos en
el territorio, lo que garantiza la creación de puestos de trabajo
y favorece el desarrollo económico.
En aras de trascender las fronteras territoriales, una fuerte circulación
de obras y de todo tipo de productos culturales alimenta una corriente
de intercambios a escala universal.
Por ello, algunas acciones concertadas se enmarcan en la cooperación
bilateral o multilateral en materia de preservación del patrimonio.
Por ejemplo, Bélgica, España, Francia y los Países Bajos han decidido
emprender un proyecto común para hacer reconocer «los gigantes y
dragones procesionales de Europa Occidental» como obras maestras
del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Siguiendo la misma
lógica, Suecia, Finlandia y Noruega cuentan con una estrategia conjunta
para la normalización informatizada de la lengua lapona, bajo la
autoridad del Comité Nórdico de Altos Funcionarios. Esta iniciativa
dio lugar a una oferta de Microsoft para integrar los signos diacríticos
lapones en su sistema de explotación Windows XP a partir del otoño
de 2004.
A escala europea existen numerosos proyectos que cuentan con la
participación de varios Estados o instituciones de varios países.
Cabe citar proyectos como:
- Conservation, Restoration, Innovation Systems for image capture
and Digital Archiving to enhance Training, Education and lifelong
Learning (CRISATEL), orientado a la investigación y restauración
de los objetos de museos;
- SCULPTEUR, una iniciativa de colaboración entre la Universidad
de Southampton y la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones
de París;
- Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe
(MICHAEL), centrado en el inventario multilingüe del patrimonio
digitalizado;
- Ministerial Network for Valorizing Activities in Digitisation
(MINERVA), que formula recomendaciones y directivas acerca de la
digitalización; y,
- el programa europeo «eTen», que se propone ofrecer posibilidades
de investigación, consulta y un acceso único y multilingüe a numerosos
portales nacionales de fondos culturales digitalizados.
Durante el siglo XX surgieron conflictos lingüísticos relacionados
con las expresiones lingüísticas como por ejemplo el de Bélgica,
entre los hablantes de neerlandés y de francés. Esos conflictos
fueron resueltos mediante sucesivas reformas constitucionales por
las que se otorgó la autonomía a cada una de esas comunidades. En
enero de 1994 surgió en México un conflicto entre el Gobierno y
los pueblos indígenas de la Selva Lancandona y Chiapas que culminó
con la revisión de la Constitución, añadiéndosele un artículo por
el que se establece el régimen de autonomía regional en aquellos
estados de la federación de composición multiétnica (en 1999). En
Brasil, la implantación histórica tuvo lugar sobre la base de fricciones
interétnicas, y la expropiación de las poblaciones indígenas creó
a menudo situaciones de violentas tensiones.
En Estonia, a fin de prevenir los conflictos, el Gobierno adoptó
en 2000 un programa estatal sobre la integración en la sociedad
estonia para el período de 2000-2007. En Burkina Faso y un poco
de forma generalizada en toda la franja occidental de África, la
práctica de las relaciones sociales caracterizadas por las bromas
(«parenté à plaisanterie») constituye un medio eficaz para prevenir
los conflictos y controlar las tensiones.
No obstante, la amenaza más grave que se cierne sobre el patrimonio
cultural la constituyen los conflictos armados. «La guerra en Croacia
o el proceso de transición han influido en los museos en múltiples
formas: daños materiales, destrucción y robo de los bienes, disminución
del número de miembros del personal y fuerte descenso del número
de visitantes…». Estas situaciones ya habían llevado a la UNESCO
a adoptar una Convención sobre la protección de los bienes culturales
en caso de conflicto armado (La Haya, 14 de mayo de 1954), a la
que se suman las convenciones del Consejo de Europa sobre la protección
del patrimonio arqueológico, arquitectónico…
Los Estados deben garantizar los medios institucionales y financieros
para proteger el patrimonio, pero también para el seguimiento de
las disposiciones; se trata de vigilar la implementación de las
medidas de conservación y protección adoptadas. En ese campo, Croacia
ha creado un organismo denominado «Inspección de la Protección del
Patrimonio Cultural», encargado de supervisar la aplicación de las
disposiciones legales y la ejecución de las medidas de conservación
y restauración de los bienes culturales.
Las deficiencias en las estrategias de protección del patrimonio
cultural pueden atribuirse a la escasa apropiación de las nuevas
tecnologías. La brecha digital excluye una gran parte de la población
del acceso a la información cultural. Grecia reconoce sufrir «un
retraso con relación a los otros Estados miembros de la Unión Europea
en cuanto al desarrollo de una fuerte sociedad de la información».
Ahora bien, la cooperación internacional a la que se hace referencia
más arriba debería inscribirse en un entorno cultural homogéneo,
que refleje el principio de la «igualdad de oportunidades» que se
desea implantar dentro de las fronteras nacionales.
El contexto de pobreza y el deseo de enriquecerse han llevado las
preocupaciones comerciales más allá de los reflejos para proteger
el patrimonio. En lo que a la difusión de las obras se refiere,
por ejemplo, se observa una proliferación de radios comerciales
que inhiben las iniciativas útiles en materia de información cultural
y educación del público. De forma general, las industrias culturales
no son consideradas como inversiones interesantes puesto que no
están orientadas a la obtención de ganancias. Solamente algunos
sectores, como el del cine y la música, escapan a esa indiferencia.
La cultura como instrumento para reducir las desigualdades o discriminaciones
relacionadas con el género, la clase social, la raza, la profesión,
etc., es también una cuestión de interés para los países miembros
de la RIPC. La discriminación de género es percibida como un tratamiento
desfavorable de los hombres y de las mujeres basado en su sexo.
En todo el mundo se admite de forma generalizada que son principalmente
las mujeres las que más afectadas se ven por la desigualdad de género.
Este tratamiento diferenciado limita su acceso a los recursos y
consagra el control del poder en manos de los hombres tanto en el
propio hogar como en la comunidad y a nivel estatal.
Los ejemplos proporcionados por los países permiten estudiar la
integración de la dimensión de género en las políticas culturales
y en los materiales indispensables para proteger y promover la diversidad
cultural, y construir un desarrollo sostenible que excluya cualquier
forma de discriminación relacionada con el sexo de la persona. Poniendo
de relieve algunas de las respuestas proporcionadas, es posible
identificar prácticas pertinentes que pueden servir de modelo para
llevar a cabo reformas futuras en los países de la RIPC. Tras recordar
el contexto del nacimiento de una reflexión sobre la integración
de la dimensión de género en las políticas y programas como categoría
analítica, se pasará revista a la trayectoria histórica y plural
de esta institucionalización en el mundo, y su desarrollo con relación
a la evolución de las luchas feministas, reflexiones sobre el desarrollo,
así como la renovación de los paradigmas y discursos sobre el género.
En la tercera parte se analizarán los distintos enfoques, estrategias
y acciones adoptados por los Estados (protección jurídica, investigación
fundamental, educación, formación, publicación y comunicación) para
combatir la discriminación contra las mujeres e institucionalizar
la dimensión de género. Para concluir, se pondrán de relieve las
perspectivas y recomendaciones de los Estados en materia de género.
Las reflexiones sobre el género se han visto influidas durante
mucho tiempo por los movimientos feministas occidentales, preocupados
por cuestiones filosóficas, teóricas y metodológicas propias de
las realidades de sus sociedades. Fue sobre todo a partir de los
años 80 cuando mujeres del Sur (África, América Latina y Centroamérica,
Asia y el Caribe) empezaron a interesarse en el análisis de las
relaciones sociales entre los sexos. Ese interés coincide con la
aparición del concepto de «género», que permite llevar la reflexión
fuera de supuestos biológicos y tener en cuenta la relación de lo
masculino y lo femenino en la construcción social de las relaciones
entre los sexos. Así, las intelectuales africanas, por ejemplo,
iniciaron una reflexión teórica que se apuntaba a la descolonización
de los enfoques excesivamente occidentales del género y su adaptación
al contexto africano.
No obstante, era necesario ir más allá de la polémica feminista
e instaurar medidas concretas en favor del sexo discriminado o menos
representado. Éste es el contexto en el que se materializó el establecimiento
de marcos institucionales de «integración de las mujeres en el desarrollo»
mediante la creación de estructuras ministeriales: Ministerio de
la Mujer, Secretaría de Estado para la Condición Femenina, Oficina
de la Mujer, etc. Con la adopción de políticas y medidas destinadas
a las mujeres, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer (1975-1985), esas instituciones se vieron fortalecidas
gracias a la ayuda internacional y complementadas sobre el terreno
por las ONG para sacar a las mujeres de su estado de indigencia
material, social y cultural.
En resumen, el objetivo perseguido era lograr un «desarrollo
sostenible» que ofreciera a las mujeres una sociedad más justa,
más equitativa, más solidaria y más democrática. El postulado implícito
de los discursos al respecto era que la «integración de las
mujeres en el desarrollo» se logra garantizando la equidad
y la igualdad entre los sexos.
Éste es el contexto histórico, teórico y epistemológico en el que
se planteó la cuestión de la institucionalización de la perspectiva
de género y su integración en todas las políticas y programas de
los Estados.
El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985) abrió
el camino a la legitimación del enfoque sobre el género y facilitó
la creación de leyes e instrumentos jurídicos a nivel internacional
(como la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979) y
a nivel nacional.
No obstante, es la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la
firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su
resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, la que constituye
el instrumento jurídico más importante para la protección de los
intereses específicos del sexo femenino.
En Europa, más concretamente, el artículo 23 de la Carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea estipula que «la
igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos,
inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio
de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas
que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado».
Así pues, se recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa
que adopten medidas preventivas contra el acoso sexual en el trabajo
y sus consecuencias, puesto que contraviene los principios de dignidad
e igualdad.
La actual estrategia comunitaria, definida por la Comisión en el
año 2000, se basa al mismo tiempo en la integración de la dimensión
de género en todas las políticas y acciones comunitarias y en la
definición de acciones específicas en favor de las mujeres a fin
de eliminar las desigualdades estructurales persistentes. La creación
del Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en 1982 ofrece un marco institucional para verificar la
promoción de la igualdad de oportunidades. A partir de 1996, se
recomienda la adopción de un enfoque transversal del género en todas
las acciones comunitarias, regionales y nacionales para todos los
Estados que integran la Comunidad Europea.
Éste es el contexto en el que el 14 de abril de 2000 se adoptó
la iniciativa EQUAL, cuyo objetivo es favorecer la colaboración
entre los Estados miembros a fin de establecer nuevos medios con
que luchar contra todas las formas de exclusión, discriminación
y desigualdad en el mercado laboral.
En la región de las Américas, la Organización de los Estados Americanos
fue una de las primeras organizaciones internacionales y regionales
que elaboró mecanismos jurídicos para promover los derechos de las
mujeres. La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, suscrita
en la Séptima Conferencia Internacional Americana, organizada en
diciembre de 1933, es el primer tratado de la historia que se opuso
a cualquier tipo de discriminación basada en el sexo en materia
de nacionalidad, ni en la legislación ni en la práctica.La Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer o «Convención de Belém do Pará», que entró en vigor
el 5 de marzo de 1995, se ha convertido en un instrumento de referencia
para la lucha contra la violencia basada en el sexo. Se basa en
la cooperación de los Estados miembros para elaborar los mecanismos,
políticas, programas y planes necesarios para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer.
En lo que al continente africano se refiere, la Carta africana
sobre derechos humanos y de los pueblos (1986), no menciona a las
mujeres más que de forma secundaria. Si bien es cierto que el artículo
2 de la Carta Cultural de la Unión Africana, adoptada y ratificada
en septiembre de 1990, incluye «el acceso de todos los ciudadanos
a la educación y la cultura» como uno de sus principales objetivos,
fue únicamente en respuesta a la presión ejercida por las feministas
cuando se añadió a la carta un protocolo relativo a los derechos
de las mujeres. Se han adoptado otras disposiciones jurídicas adecuadas
para promover y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales,
a fin de poner en práctica la igualdad de derechos.
De manera general, todas las respuestas dadas por los países de
la RIPC coinciden en la necesidad de contar con programas de promoción
de la mujer encaminados a valorizar su condición social y fortalecer
sus derechos a nivel económico, social, político y cultural.
En los países que respondieron sobre este aspecto, las políticas
concretas para facilitar el acceso de las mujeres a la cultura parecen
ser relativamente recientes.
Conviene recordar también uno de los logros más importantes del
Año Internacional de la Mujer (1975) y del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer (1975-1985), a saber, la creación, a nivel
de los gobiernos o de la administración de alto nivel, de mecanismos
nacionales denominados Ministerio, Secretaría de Estado, Comisión
de la Mujer o incluso Direcciones encargadas de la promoción de
la mujer. La mayoría de los países los adoptaron como estrategia
principal en la orientación de sus intervenciones en materia de
cultura.
Existen, sin embargo, especificidades en la concepción de la igualdad
de los sexos según el país.
Para Francia, en particular, la lucha contra todas las formas
de discriminación contra la mujer sólo encuentra soluciones en la
paridad entre los dos sexos. Por ello, ese país, convencido de que
ese tipo de medios podrán «favorecer el acceso de todos a la
cultura y la práctica artística…», ha elaborado «herramientas
legislativas que favorecen la paridad entre el hombre y la mujer,…
facilitando el acceso al derecho con la creación de la Alta Autoridad
de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad». En Grecia,
«la participación igual de las mujeres en la vida pública, profesional,
social y cultural se reconoce como un objetivo político general
desde los años 80». Las medidas de aplicabilidad de ese principio
son competencia de «una Secretaría General para la Igualdad (de
los sexos)… dependiente del Ministerio del Interior».
En un país de América Latina como Brasil, el código civil fue reformado
en 2001 a fin de eliminar las leyes discriminatorias contra las
mujeres y reconocerles los mismos derechos que los hombres. Por
otra parte, la constitución prohíbe la desigualdad de remuneración
basada en el sexo. Brasil cuenta con una Secretaria Especial para
las Cuestiones de la Mujer, que trabaja en estrecha colaboración
con la Secretaría para la Promoción de la Igualdad Racial, entidad
creada tras constatar que las mujeres negras sufrían una mayor discriminación
racial y sexual.
México, por su parte, cuenta con una ley federal para prevenir
y eliminar la discriminación, aprobada por el Congreso el 11 de
abril de 2003. En el ámbito de la cultura, la entidad encargada
de establecer medidas de promoción de la mujer es el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA)
En Asia, en la República Popular de China, los principios fundamentales
de la legislación relativa a las mujeres consagran la igualdad de
los derechos entre hombres y mujeres. La Constitución de China estipula
claramente que «La mujer disfruta de los mismos derechos que
el hombre en todos los ámbitos de la vida política, económica, social
y familiar». En 1992, ese país promulgó e implementó la «Ley
de la República Popular de China sobre la protección de los derechos
e intereses de las mujeres». Esa protección consiste en adoptar
disposiciones legislativas que penalicen cualquier tratamiento discriminatorio
basado en el sexo y cualquier acto de violencia o persecución contra
la mujer.
En África, los ejemplos de Senegal y Sudáfrica ilustran bien el
carácter diferenciado del tratamiento de la cuestión de los derechos
de la mujer. En Sudáfrica, la situación de las mujeres evolucionó
rápidamente a partir de la adopción, en 1996, de la nueva constitución,
que convertía al país en una democracia unida, no racial y no sexista.
Tras la condición servil en que vivieron bajo las leyes del apartheid
y la tradición patriarcal, las mujeres sudafricanas obtuvieron el
estatuto de ciudadanas de pleno derecho al final del régimen racista.
Ese cambio para las mujeres se tradujo en una política de promoción
voluntarista del Gobierno, con la elaboración de una serie de leyes
y mecanismos destinados a protegerlas jurídicamente.
Senegal ha ratificado la mayoría de las convenciones, resoluciones
y recomendaciones destinadas a mejorar la condición de las mujeres.
Las acciones del Gobierno de Senegal se inspiran por lo tanto en
las estrategias definidas en las conferencias sobre la mujer celebradas
en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer en
México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995).
El gobierno manifiesta también una voluntad de aplicación efectiva
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, que ratificó en mayo de 2001. Por otra parte, el
Estado ha revisado ciertas disposiciones de la Constitución, el
Estatuto de la Función Pública y los distintos códigos en vigor:
Código de la Familia, Código del Trabajo, Código de la Seguridad
Social, Código de la Tierra, Código General de Impuestos, Código
de la Nacionalidad y Código del Medio Ambiente, aplicando un enfoque
de género. Así, algunos de los artículos clave de la constitución
precisan «el hombre y la mujer», al mismo tiempo que tienen en cuenta
la discriminación contra las mujeres. Se han adoptado medidas de
protección contra los actos de violencia contra la mujer, sobre
todo, la prohibición de las mutilaciones genitales femeninas, que
están penalizadas desde febrero de 1999.
El artículo 7 de la nueva constitución estipula que «todas
las personas tienen derecho a la vida, la libertad, la seguridad,
el libre desarrollo de su personalidad y la integridad corporal,
sobre todo la protección contra cualquier mutilación física».
El artículo 8 reconoce los derechos civiles, políticos, sociales
y culturales de las mujeres. Esos derechos son confirmados por el
artículo 17, en el que «el Estado garantiza a las familias en
general y en particular a las que viven en un entorno rural, sobre
todo a las mujeres, el derecho al alivio de sus condiciones de vida
y el acceso a la salud y el bienestar».
En materia de educación, que es ya un derecho reconocido, el nuevo
artículo 22 precisa que «todos los niños y niñas, en todos los
lugares del territorio nacional, tienen el derecho de acceder a
la escuela». Por otra parte, el código civil de la familia
contiene disposiciones favorables que garantizan la protección
contra el matrimonio forzado o precoz, el divorcio arbitrario, la
equidad para las viudas en materia de herencia, el abandono conyugal,
la obligación del cónyuge de mantener a la familia, etc.
VI.4. Otras estrategias de integración
de la perspectiva de género en las prácticas culturales
Las respuestas aportadas al informe sobre género y diversidad revelan,
además de la protección jurídica, otras estrategias de integración
de la perspectiva de género en las prácticas culturales:
- legalidad de acceso a la cultura, la información, la
sensibilización, la educación y la comunicación;
- la accesibilidad a la vida cultural en igualdad de condiciones;
- la alfabetización generalizada de las mujeres, sobre
todo en los países del Sur, donde la tasa de analfabetismo de
las mujeres es la más alta;
- estrategias de promoción y difusión de las obras artísticas
de las mujeres;
- el financiamiento de proyectos culturales o de estudios
de investigación sobre las cuestiones de género;
- acciones en materia de información, defensa y sensibilización
en favor de un cambio de las mentalidades y prácticas tradicionales
discriminatorias contra las mujeres.
Los programas y las políticas de promoción de la mujer siguen siendo
insuficientes, incluso en los casos de reconocimiento formal de
los derechos, sobre todo en el ámbito de la cultura. Salvo en México,
las prácticas jurídicas de los países no parecen defender los derechos
relativos a la cultura. De forma general, los objetivos de las políticas
culturales no tienen en cuenta las necesidades específicas de las
mujeres, lo que hace temer una falta de apoyo presupuestario.
- la evaluación y el seguimiento de la aplicación del principio
de igualdad entre los sexos en los establecimientos culturales son
insuficientes
Se observa en los países dificultades para evaluar si la integración
de la dimensión de género en las políticas culturales ha dado lugar
a modificaciones profundas en la posición de las mujeres en el mundo
de las artes. En Suecia, incluso si «todos los establecimientos
culturales nacionales deben redactar un informe anual de sus logros
encaminados a garantizar una mayor igualdad entre los hombres y
las mujeres, [las] comisiones de Estados intentan determinar en
la actualidad de qué forma puede darse mayor visibilidad a las cuestiones
basadas en el sexo en los museos y los establecimientos de danza,
música y teatro… [así como] en la industria cinematográfica».
- la persistencia de las desigualdades entre los sexos
Un análisis de los contrastes entre la condición jurídica de las
mujeres en los distintos países de la RIPC y su situación real pone
de manifiesto la persistencia de desigualdades entre los hombres
y las mujeres.
Así, para Suiza, no existe, desde el punto de vista teórico, una
discriminación por razón de sexo en los estudios y en el ejercicio
de las profesiones. Sin embargo, «en lo referente a la igualdad
de tratamiento y las oportunidades de contratación, siguen existiendo
diferencias en la vida real».
- la persistencia de las prácticas culturales tradicionales
y los estereotipos sexistas
Incluso si ningún país ha hecho alusión en sus respuestas
a las costumbres que contribuyen a la discriminación del sexo femenino,
muchos ámbitos importantes para las mujeres como el matrimonio,
el divorcio y la herencia siguen regidos por prácticas tradicionales.
- el limitado acceso de las mujeres a las instancias de
poder y decisión
Las mujeres, que a menudo están excluidas de las instancias de
poder o están subrepresentadas en las esferas de toma de decisiones
(ejecutivo, legislativo, comunidades de base, organización sindical
y patronal), carecen de los medios para hacer valer sus derechos.
- el escaso poder económico de las mujeres
El escaso poder económico de las mujeres limita su participación
en determinadas actividades culturales.
- el desconocimiento de los derechos de la mujer
El desconocimiento, tanto por los hombres como por las mujeres,
de las disposiciones relativas a los derechos de la mujer, la complejidad
de los procedimientos jurídicos y la ausencia de un órgano de control
y alerta sobre el respeto de los derechos fundamentales reconocidos
de la mujer, son todos ellos factores que contribuyen a la marginalización
de las mujeres en su acceso a los conocimientos y la cultura.
El estudio de las respuestas al cuestionario nos ha permitido,
de forma general, y más concretamente con relación a la cuestión
de género, poner de relieve algunas de las mejores prácticas en
el seno de la RIPC en materia de promoción de la diversidad cultural.
Partiendo de nuestros análisis, queremos ahora, después de formular
una serie de recomendaciones, delinear algunas áreas de cooperación
entre los países miembros para contar con una estrategia armonizada
de protección de la diversidad cultural a fin de mejorar la cohesión
social para el desarrollo sostenible.
- Incrementar el acceso de las mujeres a los eventos y
establecimientos culturales;
- Incrementar las capacidades de producción de las mujeres
y luchar contra la precariedad de las actrices culturales;
- Favorecer el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías
y las profesiones artísticas generalmente reservadas a los hombres;
- Favorecer el acceso de las mujeres a las instancias
de decisión;
- Ofrecer un foro de debate de las cuestiones de género
relacionadas con la cultura;
- Familiarizar a las mujeres con las disposiciones legislativas
en su favor;
- Ofrecer apoyo financiero a los estudios y trabajos de
investigación sobre las cuestiones de género y la diversidad cultural.
- Consolidar y diversificar las publicaciones sobre el
género y su difusión por todo el mundo;
- Crear en la RIPC una Célula de Evaluación y Coordinación
de las Políticas de Género;
- Promover una cooperación Norte/Sur que permita mejorar
el enfoque de la integración de la perspectiva de género.
VIII.2. Recomendaciones
para promover la diversidad cultural a fin de lograr la cohesión social y el desarrollo sostenible
- Salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial
El patrimonio arqueológico y arquitectónico, el patrimonio cultural
mobiliario y el patrimonio cultural inmaterial, así como los lugares
importantes para la memoria colectiva, deben seguir contando con
disposiciones jurídicas y administrativas que los protejan. La salvaguardia
de los elementos del patrimonio cultural material e inmaterial merecería
mecanismos pertinentes de cooperación entre los países miembros
de la Red Internacional de Políticas Culturales (RIPC). Por ejemplo,
los países del África occidental deberían poder compartir las ventajas
de las relaciones sociales caracterizadas por las bromas («parenté
à plaisanterie»).
Se trata de un tipo relacional de orden mítico que obliga a los
así «emparentados» a ayudarse mutuamente y, sobre todo, a no
enfadarse. En caso de tensión, descubrir la
existencia de este tipo de relación disipa inmediatamente cualquier
malentendido. Las correspondencias que exigen que se respeten las
relaciones sociales caracterizadas por las bromas entran dentro
del ámbito del patrimonio cultural inmaterial y se encuentran a
varios niveles.
- Promover las artes y los artistas
Crear redes que pongan en sinergia las acciones de organizadores,
ONG, grupos de artistas y especialistas en la materia para promover
la cooperación intercultural de las artes y la cultura. En ese sentido,
Noruega podría compartir los conocimientos especializados de su
red DSV, sobre todo con los países del Sur.
- Garantizar una mayor cooperación entre los medios de
comunicación
Tal como subraya Bélgica, «son los radiodifusores de servicio público
quienes deberán desempeñar un papel en la educación sobre la cultura».
Por consiguiente, consideramos que sería útil crear en la RIPC mecanismos
de cooperación y proyectos comunes siguiendo el ejemplo de la cadena
de televisión franco-alemana ARTE, con vocación cultural.
- Cooperar en el desarrollo de las industrias y empresas
culturales
En lo que a las industrias culturales se refiere, Francia constituye
un ejemplo de apertura a los otros países con su Festival de Cannes
y su apoyo a la producción (anticipo sobre los futuros ingresos
de taquilla, Fondo Sur y ayuda a las películas en lengua extranjera).
IX. Conclusión
De manera general, nos parece importante para la RIPC reforzar
la visibilidad de las estrategias de coordinación de las políticas
culturales, tras los esfuerzos previos de armonización. A ese respecto,
los ministros podrían incluir entre sus temas de discusión las cuestiones
siguientes:
- ¿Cómo explotar al máximo las posibilidades que ofrece la Convención
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones
Culturales...
– ...para las políticas de fortalecimiento de la cohesión social,
tanto a nivel nacional como en el marco de la cooperación nacional?
– ...para la cooperación en el seno de la RIPC, a efectos de la
explotación del potencial económico del patrimonio cultural, como
factor de desarrollo sostenible?
- ¿Cómo asegurar una mejor organización y responsabilización de
la sociedad civil, así como el funcionamiento eficaz en red de
sus estructuras a nivel nacional e internacional?
- ¿Qué vías convendría explorar para mejorar...
– ...el desarrollo de la cooperación institucional?
– ...el fortalecimiento de la cooperación descentralizada?
- ¿Conviene crear un observatorio de la RIPC sobre la armonización
y coordinación de las políticas culturales?
El estudio de Senegal sobre «Diversidad cultural, cohesión social
y desarrollo sostenible» fue preparado por un equipo de investigadores
y expertos, creado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Histórico
Clasificado.
Sr. Moustapha Tambadou, titular de una Maestría
en Letras Modernas de la Universidad de Dakar y un Doctorado en
Letras de la Universidad de Franche-Comté- Besançon (Francia). Ex
Director (1983-2001) de la Redacción de la revista Ethiopiques,
es autor de numerosos estudios literarios y sobre cuestiones culturales
publicados en revistas científicas. Ha coordinado la organización
de coloquios y foros internacionales, así como la publicación de
obras colectivas. Experto en políticas y estrategias culturales,
y en el desarrollo de la industria creativa, el Sr. Moustapha Tambadou
es actualmente Consejero Técnico del Ministerio de Cultura y Patrimonio
Histórico Clasificado.
Profesor Hamady Bocoum, Doctor en Prehistoria
y Arqueología, e investigador del Instituto Fundamental de África
Negra Cheikh Anta Diop (IFAN-CAD). Es autor de publicaciones científicas
reconocidas en materia de protección y valorización del patrimonio
cultural tangible e intangible de África. El Sr. Bocoum es Director
de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio Histórico
Clasificado.
Otros miembros del equipo:
Sra. Ndeye Sokhna Guèye, arqueóloga, ethnoarqueóloga
y especialista en cremología. Es titular de una Maestría en Prehistoria
de la Universidad de Dakar (Senegal) y un Doctorado en Letras de
la Universidad de París X Nanterre. Es autora de numerosos estudios
y artículos, en particular sobre cerámica artesanía en su relación
con la globalización y la cuestión del género y el patrimonio cultural
africano en museos. Actualmente, la Dra. Ndèye Sokhna Guèye es Coordinadora
del Programa SEPHIS (Programa de Intercambios Sud-Sud para el Desarrollo
de la Investigación en Historia) en el CODESRIA (Consejo para el
Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África).
Sr. Alioune BADIANE, artista y docente de profesión,
y crítico de arte. Actualmente es Director de Artes. Desde 1981,
ha cumplido varias funciones en el Ministerio de Cultura. En forma
sucesiva o simultánea, esas funciones han relacionado su nombre
con numerosos estudios, reflexiones, investigaciones y actividades
de política cultural.
Profesor Yousssouph Mbargane GUISSE, investigador
del Instituto Fundamental de África Negra Cheikh Anta Diop de la
Universidad de Dakar, donde es Jefe del Departamento de Ciencias
Humanas. Socioantropólogo, se interesa en los aspectos socioculturales
del desarrollo de las sociedades africanas. Ha publicado numerosas
obras y artículos científicos sobre los problemas actuales, los
cambios sociales y culturales que afectan a la juventud, la familia
y los trabajadores. Se ha desempeñado como experto en la evaluación
de políticas culturales de la población a nivel de Senegal y de
la subregión.
Sr.Aliou LY, profesor de letras y ex diputado
de la Asamblea Nacional de Senegal. Actualmente, el Sr. Ly es Jefe
de la División Cultural en la Secretaría General de la Comisión
Nacional de Senegal para la UNESCO.
Profesor Oumar NDAO, Asistente del Departamento
de Letras Modernas de la Universidad Cheikh Anta DIOP de Dakar.
Se especializa en literatura comparada, literatura africana, literaturas
magrebíes y análisis del discurso. Autor dramaturgo, ha escrito
y puesto en escena Hôtel de la Paix (1992),
Grand-DakarUsine (1995), Feu rouge
(1998) y creado escenarios para el «Espectáculo de Sonidos
y Luces» del Ministerio de Cultura y Patrimonio Histórico Clasificado.
Ex Secretario General del Sindicato Nacional de Actores Culturales
(SYNAC), el Sr. NDAO es Director Artístico del Grupo «Faro théâtre».
El equipo en pleno agradece muy efusivamente a la Sra. Katerina
Stenou, Directora, División de las Politicas Culturales y del Diálogo
Intercultural, UNESCO, y las Sra. Julie Boyer y Giuliana Natale,
Oficina de Enlace de la RIPC, por su valiosa colaboración.
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